Por Angélica Serrano-Román/ Centro de Periodismo Investigativo

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendrá que hacer una entrega inicial de documentos relacionados a la venta de activos de la corporación pública el 7 de junio de 2019 a la organización CAMBIO y al Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (IEEFA, por sus siglas en inglés), luego de que estas entidades llegaran a un acuerdo en el tribunal el pasado viernes.

Las partes habían sido citadas al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para exponer y examinar la posibilidad de un acuerdo, luego de un mandamus que presentaron las entidades el pasado 16 de mayo y que fue respondido por la AEE con argumentos para no dar la información.

La parte demandante le había solicitado a la AEE cualquier documento que mencionara proyectos de privatización o relacionados a ese proceso. El juez Anthony Cuevas Ramos coincidió con la AEE en que CAMBIO y el IEEFA debían ser más específicos en la petición y luego, estipular un plazo de entrega de la información, a la vez que reconoció que la agencia no ha puesto a los demandantes en posición de saber qué documentos se han producido.

Como resultado de la vista, aunque la agencia deberá hacer la entrega de documentos el próximo 7 de junio, la misma podrá determinar qué documentos son confidenciales y hacer una moción únicamente para proteger esa información particular. No obstante, el juez será quien analice si la confidencialidad que alegó la AEE realmente aplica a los documentos que trate de retener la agencia.

Unas horas antes de la vista, Cuevas Ramos recibió una moción de desestimación de 27 páginas por parte de la corporación pública. Dijo que solo quería discutir de la página 20 a la 24 porque “era lo único que le hacía sentido [que argumentara la AEE]”. La AEE había argumentado, incluso, “una falta de legitimación activa”, para cuestionar los intereses de las entidades por pedir los documentos.

El juez propuso que ambas partes se reunieran e identificaran la información que ya fue producida o que tiene la AEE, y que por consiguiente puede ser entregada. “Si la AEE la tiene [la información], se entrega”.

Tras la reunión, las entidades definieron la fecha para comenzar a producir documentos. Decidieron que la entrega deberá incluir los documentos desde el anuncio público sobre la privatización de la AEE que hizo el gobernador, Ricardo Rosselló.

AEE quiso cuestionar las razones para obtener la información

El representante legal de la AEE, Fernando Fornaris, admitió que antes la agencia no mostraba transparencia, pero dijo que “ha cambiado porque incluso ahora televisan las reuniones de la Junta de Directores en el portal de la agencia y tienen un representante ciudadano del interés público”. El juez cuestionó al abogado sobre cuán [más] fiscalizada pudo haber sido la agencia.

Fornaris cuestionó, además, las intenciones de las entidades demandantes para obtener tal información.

“¿Qué autoridad tienen para representar al ciudadano de Puerto Rico?”, preguntó Fornaris, mencionando que la petición puede responder a “intereses personales”.

El juez le aclaró al abogado que los ciudadanos no tienen que justificar para qué quieren información que es pública. “Da igual la intención”, dijo, pidiendo que no se le hiciera perder más tiempo con esos argumentos.

A preguntas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Judith Berkan, abogada de los demandantes, sostuvo que: “La jurisprudencia ha establecido por décadas que [el acceso a la información pública] es un derecho constitucional y no hay que probar una razón particular. Al ser ciudadanos, tenemos legitimación activa”.

Fornaris le dijo al juez que ya la agencia “es la más fiscalizada del país, y se ven con las manos atadas porque esa información no le pertenece a la AEE completamente y puede estar distribuida [entre varias agencias]”.

“Me parece raro que se pida [en los tribunales] que se publique un documento público. Si es público, es público y se acabó”, manifestó Cuevas Ramos.

Fornaris había mencionado que, agencias como la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), “producen documentos para la AEE con un acuerdo de confidencialidad”.

El juez le dijo a la AEE que debe proveer la información en lugar de referir a las entidades a otras agencias, debido a que se está manejando una “especie de laberinto” para ponerle barreras a la información pública.

Expresó que aunque los documentos hayan sido producidos por otras agencias, deben entregar la información. Aclaró que en el caso de que algún documento se deba retener porque aplique algún tipo de confidencialidad, el Estado debe justificar la razón.

Berkan le dijo al juez que ya habían ido a la AAPP y a la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) para solicitar la información, y que estas no la tenían. Indicó que la AAPP admitió en una reunión que no tenían información sobre los documentos relacionados al proceso de privatización de la AEE que estaban pidiendo CAMBIO y la IEEFA. Por esta razón, las entidades demandaron únicamente a la AEE.

“Empezamos en noviembre con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). En febrero de este año, recibimos una contestación de la AAPP. Le dimos un ejemplo de San Juan, de los proyectos 5 y 6, y dijeron que la AEE es quien había hecho eso y que ellos no habían sido informados. En otro ejemplo de información que dimos, dijeron que AEE había hecho eso y no lo había traído a la AAPP”, sostuvo la representante legal de CAMBIO y IEEFA, mencionando que, en efecto, las entidades habían acudido a otras agencias, pero que estas los refieren a la AEE.

“La falta de conocimiento de la parte peticionaria responde a que no se sabe [a dónde se debe ir para pedir la información] porque la misma agencia crea esa falta de información. Es como gobernar en cuartos oscuros”, dijo el juez. 

Acordaron iniciar la entrega de documentos en 14 días

Luego de una reunión entre las partes que duró casi una hora, Fornaris dijo que habían llegado a un acuerdo con las entidades para proveer la información.

“Llegamos a un acuerdo para aclarar algunos aspectos de la información que se estaba pidiendo, algunos conceptos, y delimitar las fechas de la vigencia de los documentos producidos. La AEE tendrá un término de 14 días a partir del día de hoy [el 24 de mayo de 2019] para determinar si el documento existe o si la AEE lo tiene”, expresó el abogado de la AEE.

Berkan afirmó que “para el cierre del 7 de junio, antes del mediodía, va a haber, en cuanto a las solicitudes, la indicación de que existen los documentos, y si no existen privilegios, se producirán”. Mencionó que se discutirán los documentos que no se hagan públicos.

Mary Jo Méndez, también abogada de la parte demandante, mencionó que la AEE deberá producir la copia del contrato que le otorgaron a la compañía Sargent & Lundy, que está realizando un estudio de valorización de los activos existentes de la agencia. Katiuska Bolaños, también abogada de la AEE, aclaró que ese estudio aún está en proceso de realizarse.

“Se discutió que probablemente los estudios del costo de la privatización no estaban hechos de parte de la entidad entera, sino por partes, ciertas centrales o parte de la transmisión y distribución. Tiene que haber un análisis agregado de este costo, si lo hay segregado, [que lo entreguen] también”, dijo Méndez.

Bolaños dijo que podría tratarse de un estudio de proyectos particulares y no de la privatización de la corporación pública “como un todo”.

El juez dijo que, si lo tienen, deben entregarlo también.

“Lo entregaremos sujeto a que no haya ningún privilegio (de confidencialidad). Se pondrá por escrito y el juez decidirá”, contestó Bolaños.

 El juez propuso una vista de seguimiento, luego de producir los documentos, para el próximo 25 de junio a las 9:00 a.m.

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