Por Angélica Serrano-Román/ Especial El Nuevo Día

Dueños de sobre 400 centros de cuido de envejecientes en Puerto Rico afirmaron que no cumplirán con el requisito de instalación del sistema de rociadores automáticos para incendios en sus localidades que le exige el Negociado del Cuerpo de Bomberos (NCB), debido a que sus infraestructuras no pueden soportar el equipo solicitado, ni podrán costear el gasto que comienza en $10,000.

El pasado 20 de junio de 2017 el NCB aprobó una carta circular para requerir ese sistema, conforme a lo que pide la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios. Ese mismo año se estableció un plan de cumplimiento de cinco etapas, en la que los centros con la clasificación de I-2, que tengan seis envejecientes o más (y en que al menos uno de los residentes no pueda valerse por sí mismo), tengan que adoptar este sistema de seguridad.

El comisionado del NCB, adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alberto Cruz Albarrán, dijo a principios de semana a través de un comunicado de prensa que la agencia extenderá por 90 días adicionales, a partir del 30 de junio, la fecha límite para que los propietarios de los centros cumplan con al menos la primera etapa de la instalación de sistemas de rociadores automáticos. Esa fase consiste en someter un plan de trabajo que desglose la instalación del sistema.

Sin embargo, Samara Pérez, fundadora y presidenta de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado de Puerto Rico (FICPRO), expresó que no han aceptado el requisito de la agencia debido a razones estructurales y económicas.

“El 85% de los hogares (de ancianos) están establecidos en estructuras residenciales. Esas estructuras no aguantan el andamiaje que requiere esa implementación de rociadores”, afirmó la presidenta del organismo.

Cuestionan la imposición 

La dueña de Samara HomeCare, en San Juan, expresó que el NCB ha querido imponer ese requisito “a base de mentiras porque no es una ley, sino un código”.

“Es un requisito caprichoso y vicioso. No podemos cumplir estructuralmente. Nosotros no necesitamos ese requerimiento porque ese código es un ‘copy and paste’ de un código de Estados Unidos basado en sus estructuras y es uno enmendable”, aseguró Pérez.

La entidad que dirige Pérez, que agrupa a 425 hogares para envejecientes, dijo que sus miembros no comprarán el sistema de rociadores automáticos.

“Están amenazando e intimidando diciéndoles que no les darán la certificación”, agregó la presidenta de FICPRO.

En cuanto a su negocio, indicó, la cotización se elevó a $45,000 debido a que se le solicitó, además, una bomba para una cisterna adicional a la que ya tiene. 

“Como la Autoridad de Acueductosy Alcantarillados (AAA) no puede proveer la presión para los rociadores, tenemos que comprar ese equipo. Por ese galonaje que nos solicitan es que ningún techo puede soportar, porque puede haber algún derrumbe”, agregó.

Bomberos enfatiza en la seguridad

“(Los dueños de centros de cuidos) alegan que han cerrado algunos centros adicionales. Nuestro propósito no es que cierren, es que estos centros estén aptos en cuanto a seguridad y protección se refiere para evitar una desgracia en el futuro”, dijo el comisionado de la agencia.

Cruz Albarrán explicó que el costo del sistema depende de los pies cuadrados del establecimiento. Sin embargo, dijo que el precio comienza en $10,000 o $12,000, reconociendo que la adquisición del equipo es costosa. 

Por ejemplo, una residencia con tres o cuatro habitaciones pudiera incurrir en un gasto de aproximadamente $18,000, informó el titular del NCB.

Aún así, aseguró que se le ha dado varias oportunidades a los dueños de centros de cuidos para comenzar al menos la primera etapa. Unas 500 a 600 instituciones de cuidado de envejecientes, de un total de más de 900, aún no han adquirido el equipo, informó el Negociado de Bomberos.

De no cumplir con la primera etapa, la agencia no expedirá la licencia y, luego de 10 días, podría imponer una multa que pudiera fluctuar entre $50 a $10,000.

“Esto no es una camisa de fuerza ni un capricho. Un pueblo seguro y prevenido en la protección de incendios es un pueblo seguro en todo el sentido de la palabra”, comentó Cruz Albarrán.

La dueña de Institución Príncipe de Paz, en Coamo, Leticia Guzmán, dijo que ese requisito no es una medida de seguridad viable debido a que el sistema de rociadores automáticos se activa una vez la temperatura en la instalación alcance los 165 grados en un incendio.

“Yo llevo 21 años trabajando en la empresa y hemos tenido incidentes, pero hemos trabajado con extintores y ha sido efectivo”, manifestó Guzmán.

Guzmán añadió que, para poder obtener su licencia, completó la primera etapa del plan que estableció la carta circular del Negociado del Cuerpo de Bomberos, el cual tuvo un costo de $1,000. Explicó que tuvo que ir a la Oficina Central de Bomberos, en San Juan, para presentar suplan, evaluación que le costó $100 adicionales.

“Yo todavía no me he recuperado del huracán María. Nosotros estamos bien, pero hay cosas que hay que arreglar”, manifestó la comerciante.

Por su parte, la administradora del hogar Las Águilas, en Ponce, Emelisa Bermúdez, cuestionó la razón por la cual se le exija ese sistema a los centros de cuido de envejecientes.

“¿Quien toma beneficio de esto económicamente? No hay manera. Están jugando con la salud y la población envejeciente”, denunció Bermúdez.

La comerciante dijo que no llegó a cotizar el costo del equipo para su negocio. “No empecé ni el primer paso”.

Foto: GFR Media

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